Responsabilidad Médica y Demandas Administrativas por Negligencia en Personas Privadas de la Libertad

La prestación de servicios de salud a personas privadas de la libertad implica una obligación reforzada del Estado y de los profesionales e instituciones encargadas de su atención. En el contexto penitenciario colombiano, donde las condiciones estructurales del sistema carcelario generan riesgos adicionales para la salud, la responsabilidad médica adquiere una dimensión particularmente relevante desde el punto de vista jurídico y pericial.

La privación de la libertad no exonera al Estado ni a los prestadores de salud del deber de garantizar una atención médica oportuna, integral, continua y conforme a la lex artis. Por el contrario, al encontrarse la persona bajo custodia estatal, se configura una posición de garante que exige mayores estándares de diligencia. La omisión, demora injustificada o atención deficiente puede dar lugar a responsabilidad médica y a demandas administrativas por falla en el servicio, cuando se acredita un daño antijurídico derivado de la negligencia asistencial.

En la práctica, las personas privadas de la libertad enfrentan múltiples barreras en el acceso a la atención médica: demoras prolongadas en consultas especializadas, interrupción de tratamientos, deficiente seguimiento de enfermedades crónicas, insuficiente atención en salud mental y dificultades para la remisión oportuna a servicios de mayor complejidad. Estas falencias, cuando generan agravamiento de patologías, secuelas permanentes o incluso la muerte, pueden constituir eventos jurídicamente reprochables desde el ámbito de la responsabilidad administrativa.

Desde una perspectiva médico-legal, la determinación de la responsabilidad no se limita a la existencia del daño, sino que exige un análisis técnico riguroso del nexo causal entre la conducta médica u organizacional y el resultado lesivo. Esto implica evaluar la calidad de la atención prestada, el cumplimiento de los protocolos clínicos, la adecuada valoración del riesgo, la pertinencia de las decisiones terapéuticas y la correcta documentación en la historia clínica. La ausencia de registros, las inconsistencias documentales o los dictámenes sin sustento científico son elementos que frecuentemente evidencian fallas en el servicio.

En los procesos de demanda administrativa por negligencia médica, el dictamen pericial adquiere un papel central. La valoración experta permite establecer si existió una actuación contraria a la lex artis, si se configuró una omisión relevante o si el daño era evitable bajo estándares razonables de atención. En el caso de personas privadas de la libertad, esta evaluación debe considerar, además, las condiciones particulares de reclusión y las limitaciones estructurales del sistema, sin que estas se conviertan en justificación para vulnerar el derecho fundamental a la salud.

En Suárez & Puentes, realizamos evaluaciones médico-legales especializadas en casos de presunta negligencia médica en contextos de privación de la libertad, con un enfoque técnico, objetivo e independiente. Nuestro trabajo se orienta a:

• Analizar de manera integral la atención médica brindada dentro del establecimiento penitenciario.

• Identificar fallas asistenciales, omisiones o actuaciones contrarias a los estándares médicos aceptados.

• Determinar el impacto de dichas fallas en la evolución clínica y el daño sufrido por la persona privada de la libertad.

• Emitir dictámenes periciales con rigor científico, útiles para sustentar acciones administrativas y judiciales.

La responsabilidad médica en el ámbito penitenciario no es solo un problema jurídico, sino una expresión directa del respeto —o desconocimiento— de la dignidad humana. La intervención pericial especializada resulta esencial para garantizar que las demandas administrativas por negligencia médica se fundamenten en criterios técnicos sólidos y contribuyan a la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

Dr. Lenin Suárez Medina - Suárez & Puentes | Asesoría Médica Jurídica